En 2008, una persona o grupo anónimo de personas conocidas solo como “Satoshi Nakamoto” lanzó un documento ahora seminal, el Libro Blanco de Bitcoin, introduciendo un sistema de igual a igual para el valor de intercambio sin intermediarios.
Con este concepto revolucionario, nació la idea de un “activo digital”. Poco después, los desarrolladores y empresarios se expandieron en este concepto, desarrollando sistemas donde el valor se intercambió no solo por su propio bien, sino también por servicios y productos digitales.
Durante la última década, los innovadores han creado redes descentralizadas sin permiso para servicios informáticos, almacenamiento de archivos, intercambio de activos, cobertura celular, conectividad Wi-Fi, herramientas de mapeo, servicios de préstamos y más. Debido a que los activos digitales se pueden utilizar para los servicios que cualquiera puede ofrecer y que cualquiera pueda acceder, los casos de uso, tanto financieros como no financieros, son potencialmente interminables.
A pesar de esta promesa, estas redes han cortejado las críticas. La administración de Biden-Harris intentó bloquear este avance innovador a través de una implacable campaña de demandas y acciones de aplicación sin proporcionar la claridad regulatoria el ecosistema de activos digitales y sus innovadores y usuarios tan desesperadamente necesarios.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) no pudo aclarar cómo se aplican las leyes de valores existentes y, lo que es más importante, no se aplican a las transacciones de activos digitales. Esta falta de claridad regulatoria sofocó el ecosistema de activos digitales, empujando el crecimiento de los Estados Unidos a jurisdicciones que han establecido reglas claras de la carretera.
Para abordar estas fallas, el Congreso comenzó a explorar formas de modernizar la estructura regulatoria para acomodar las características únicas de los activos digitales y cómo podrían usarse en nuestro sistema financiero. Estos esfuerzos culminaron en una serie de proyectos de ley destinados a aclarar cómo se podrían utilizar los activos digitales en el sistema financiero, asegurando la protección de los inversores y fomentar la innovación.
En el 118º Congreso, los Comités de Servicios Financieros y Agricultura de la Cámara de Representantes lanzaron un esfuerzo conjunto histórico para abordar la regulación de los activos digitales. Esto llevó a la primera aprobación de la legislación de estructura del mercado de activos digitales bipartidistas en una Cámara del Congreso. Esta colaboración permitió al Congreso abordar los desafíos de larga data en el ecosistema y sentar las bases para un marco adecuado para el propósito bajo el liderazgo del presidente Trump.
Este Congreso, tanto la Cámara como el Senado, están comprometidos a crear un camino claro para el ecosistema de activos digitales. A medida que avanzamos, es crucial que el marco esté equilibrado y revestido de hierro para el futuro. Para lograr esto, hemos establecido principios para la legislación de activos digitales.
Seis principios
Primero, la legislación debe promover la innovación. Buscamos proteger las oportunidades para que los innovadores creen y utilicen activos digitales, al tiempo que garantizamos que los usuarios puedan realizar transacciones legalmente entre ellos.
En segundo lugar, la legislación debe proporcionar claridad para la clasificación de activos. Los usuarios de activos digitales deben comprender claramente la naturaleza de sus tenencias, incluida si califican como valores o no seguridad.
Tercero, la legislación debe codificar un marco para la emisión de nuevos activos digitales. El marco debe permitir a los emisores recaudar capital mediante la venta de nuevos activos digitales bajo la jurisdicción de la SEC. Debe proteger a los inversores minoristas y exigir a los desarrolladores que divulguen información relevante para ayudar a los usuarios a comprender las características únicas de las redes de activos digitales.
Cuarto, la legislación debe establecer la regulación de los intercambios e intermediarios del mercado spot. Los intercambios de custodia centralizados e intermediarios que facilitan las transacciones con activos digitales sin seguridad deben cumplir con requisitos similares a otras empresas financieras.
El Congreso debe proporcionar a la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) la autoridad de imponer los requisitos sobre estas entidades necesarias para proteger a los clientes, limitar los conflictos de intereses, garantizar la ejecución adecuada de los pedidos de los clientes y proporcionar divulgaciones.
Quinto, la legislación debe establecer las mejores prácticas para la protección de los activos de los clientes. Las entidades registradas en la SEC o CFTC deben estar obligadas a segregar fondos de los clientes y mantenerlos con custodios calificados. Los fondos de los clientes también deben protegerse durante la bancarrota.
Sexto, y finalmente, la legislación debe proteger los innovadores proyectos y actividades descentralizadas. El Congreso debe asegurarse de que los protocolos descentralizados, que plantean diferentes riesgos y beneficios, no estén sujetos a regulaciones diseñadas para empresas centralizadas y de custodia. Al salvaguardar las actividades descentralizadas, el Congreso también debe proteger el derecho de un individuo a autoconfiñar sus activos digitales.
Esperamos que ambos comités continúen nuestro trabajo legislativo juntos para cumplir con la solicitud del presidente Trump de hacer de Estados Unidos el “capital criptográfico del planeta”. En mayo, nuestros comités organizarán nuestra segunda audiencia conjunta para discutir la legislación de estructura del mercado de activos digitales.
Nuestro objetivo es aportar una claridad regulatoria muy necesaria a esta industria en rápida evolución, asegurando que Estados Unidos continúe liderando en la configuración del futuro de las finanzas digitales.