Las autoridades alemanas confiscaron 13 cajeros automáticos criptográficos y confiscaron casi 28 millones de dólares en efectivo en 35 ubicaciones.
Ha sido un gran verano para Alemania y las criptomonedas. Las autoridades alemanas han enfrentado críticas por su postura negativa sobre las criptomonedas después de vender Bitcoin (BTC) incautado. Las recientes redadas del 20 de agosto revelan que las autoridades alemanas todavía están tomando medidas enérgicas contra las malas prácticas criptográficas.
El 20 de agosto, las autoridades alemanas llevaron a cabo una operación de amplio alcance contra el lavado de dinero, confiscando 13 cajeros automáticos criptográficos y casi 28 millones de dólares en efectivo en 35 ubicaciones en todo el país, según Reuters.
Las redadas, dirigidas por el organismo de control financiero BaFin en colaboración con la policía y el Bundesbank, se dirigieron a máquinas que operaban sin las licencias necesarias, lo que planteaba importantes riesgos de blanqueo de dinero.
Los cajeros automáticos criptográficos son máquinas que permiten a los usuarios comprar o vender criptomonedas como Bitcoin utilizando efectivo o tarjetas de débito. Funcionan de manera similar a los cajeros automáticos tradicionales, pero están diseñados específicamente para transacciones de criptomonedas.
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Autorización alemana para cajeros automáticos criptográficos
BaFin considera que convertir euros en criptomonedas, o viceversa, constituye una actividad comercial que requiere autorización explícita según la Ley Bancaria de Alemania.
El funcionamiento sin licencia de estos cajeros automáticos generó preocupación sobre posibles vínculos con actividades delictivas, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dado el anonimato que a menudo se asocia con dichas transacciones.
El organismo de control reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad del sistema financiero alemán, destacando la importancia del cumplimiento normativo para proteger a los consumidores.
Los operadores de cajeros automáticos ahora pueden enfrentarse a procesos judiciales, con penas de hasta cinco años de prisión, según AML Intelligence.
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