El legislador de Pensilvania, Ben Waxman, un demócrata, ha introducido un proyecto de ley que evitaría que los funcionarios públicos posean o realicen transacciones en activos digitales mientras estén en el cargo.
La propuesta, conocida como el Proyecto de Ley 1812 de la Cámara de Representantes (HB1812), tiene como objetivo enmendar las leyes de ética y divulgación financiera del estado y extender esas restricciones a las familias inmediatas de los funcionarios.
La legislación cubre un amplio espectro de activos digitales, incluidas las criptomonedas, Memecoins, NFTS y Stablecoins, y se aplicaría tanto durante el plazo de un funcionario como durante un año después de dejar el cargo.
Según la propuesta, los funcionarios públicos deben desinvertir cualquier tenencia digital dentro de los 90 días posteriores a la asumir el cargo o desde la fecha de vigencia del proyecto de ley. La prohibición se extendería más allá de la propiedad directa, aplicando a los activos mantenidos a través de empresas, fideicomisos, fondos o productos financieros como derivados y ETF.
Los legisladores también deben revelar cualquier tenencia de activos digitales por valor de más de $ 1,000 en sus estados financieros anuales.
Mientras tanto, las violaciones de la ley propuesta podrían desencadenar consecuencias significativas.
Las infracciones éticas en Pensilvania pueden llevar cargos por delitos graves, lo que significa que los funcionarios públicos que no cumplen podrían enfrentar sanciones civiles de hasta $ 50,000 o incluso tiempo en prisión.
Según la plataforma de seguimiento de la legislación criptográfica Bitcoin Laws, HB1812 solo ha eliminado la primera etapa del comité, el segundo de seis pasos requeridos antes de que pueda convertirse en ley.
Los demócratas aumentan los esfuerzos para frenar los conflictos de activos digitales
La propuesta de Waxman se alinea con un esfuerzo creciente entre los legisladores democráticos para frenar los posibles conflictos de intereses vinculados a los activos digitales.
A principios de este año, el congresista Sam Liccardo propuso una legislación para evitar que los funcionarios del gobierno y sus familias se beneficien de las criptomonedas, incluidas las Memecoins.
Su proyecto de ley buscaba prohibir a los funcionarios electos, cónyuges y niños dependientes de emitir, promover o beneficiarse financieramente de valores y productos digitales, calificando la medida “una forma de hacer que la corrupción sea criminal”.
Con los años, el Partido Demócrata ha tomado una postura consistentemente cautelosa hacia la criptografía.
Los legisladores principales como la senadora Elizabeth Warren y la representante Maxine Waters han argumentado que la participación de los funcionarios públicos en los mercados de activos digitales, ilustrados más recientemente por cifras como el presidente Donald Trump, plantea preocupaciones éticas y legales.
También han continuado destacando los riesgos vinculados a la industria, que van desde la volatilidad del mercado hasta el potencial de mal uso en finanzas ilícitas.