En un podcast de Thinking Crypto, Amanda Tuminelli, directora jurídica del Defi Education Fund, analizó la reciente reglamentación del IRS y del Tesoro sobre las transacciones de activos digitales. El IRS finalizó una regla de declaración de impuestos para los participantes de la industria defi el 27 de diciembre, que, según ellos, es demasiado amplia para ser considerada un corredor según la definición legal. Presentaron una demanda contra la Blockchain Association y el Tech Texas Blockchain Council en un tribunal federal para preservar su objeción a la regla.
¿Es posible un retroceso?
El TLDR define a un corredor como alguien que, a cambio de dinero, realiza transferencias de activos digitales en nombre de otra persona. Sin embargo, el IRS ha declarado que las interfaces no toman la custodia y simplemente ayudan al usuario a completar una transacción. La lógica del IRS es que cualquier servicio que efectúe una transacción, independientemente de la definición legal, puede considerarse un corredor.
Señaló que se pretendía implementar la norma del IRS en 2025, pero se espera que esté orientada al futuro y no imponga una obligación de presentación de informes hasta el 1 de enero de 2027.
Sin embargo, con una administración entrante pro-cripto, ella espera que pueda haber un retroceso o una reversión de la regla. El Congreso puede utilizar su capacidad para revisar la norma en virtud de la Ley de Revisión del Congreso y desaprobarla, asegurándose de que no entre en vigor antes de la fecha límite.
Optimismo en el futuro con la administración Trump
Tumelli también analiza la próxima elección del presidente pro-cripto, Donald Trump, de quien se espera que se tome en serio la industria de la criptografía. Otro factor importante es el nombramiento de Paul Atkins, quien reemplazará a Gary Gensler, conocido por su enfoque hostil hacia las criptomonedas. También hay expectativas de que la SEC, bajo el nuevo presidente, abandone algunos casos que no sean de fraude y se centre en reglas justas para evitar la necesidad de demandas fragmentadas.
En particular, Amanda anticipa un cambio en el liderazgo de la SEC bajo el nuevo presidente Paul Atkins, lo que puede conducir a acuerdos favorables o reglas más claras para las empresas de cifrado. También se refiere al enfoque del Departamento de Justicia hacia los desarrolladores, particularmente en casos que involucran a Tornado Cash, expresando preocupación por una responsabilidad penal demasiado amplia por la creación de herramientas de software utilizadas por malos actores.
En general, Amanda sigue siendo cautelosamente optimista sobre el potencial de un cambio positivo en 2025, con la esperanza de una mayor claridad regulatoria y una reducción de los litigios para la industria de la criptografía.