El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 7 de agosto para detener lo que su administración llamó prácticas bancarias discriminatorias contra la industria criptográfica.
La orden prohíbe a los reguladores federales usar el “riesgo de reputación” como justificación para influir en las decisiones de los bancos sobre trabajar con empresas legales.
Según la administración, el sector de activos digitales se ha visto desproporcionadamente afectado por la presión detrás de escena de las agencias reguladoras, lo que lleva a cierres de cuentas abruptos, interrupciones de la nómina y pérdida de acceso financiero para las empresas que respetan la ley.
El movimiento se dirige directamente a lo que los críticos han denominado “Operation Choke Point 2.0”, un término utilizado por la industria criptográfica para describir una campaña coordinada de presión regulatoria informal.
Si bien no es un programa oficial, el término se refiere a un patrón de acciones de supervisión que supuestamente desalientan a los bancos de atender a las compañías de activos digitales, incluso cuando esas empresas cumplen con las leyes existentes.
El ChokePoint moderno refleja las tácticas una vez utilizadas en una iniciativa del Departamento de Justicia de la era de 2010, que buscó reducir el acceso bancario para las industrias etiquetadas de alto riesgo para fraude, incluidas las armas de fuego y los préstamos de día de pago.
Sin embargo, a diferencia de su predecesor, la nueva iteración se ha centrado en gran medida en la criptografía. Desde principios de 2023, múltiples empresas han reportado un debate inexplicable, a menudo siguiendo preocupaciones vagas sobre el riesgo en lugar de las violaciones concretas de cumplimiento.
Los defensores de la industria y los legisladores pro-Crypto han declarado que el entorno hostil creó la incertidumbre para las nuevas empresas y los jugadores institucionales por igual, limitando el crecimiento y socavando la credibilidad regulatoria en los Estados Unidos.
La orden de Trump codifica los movimientos recientes de la Reserva Federal, la FDIC y la oficina del Contralor de la moneda, todos los cuales se han comprometido a dejar de evaluar a los bancos en función de los factores de reputación.
También se alinea con la legislación en discusión en el Congreso, donde los legisladores han presionado por límites más estrictos sobre cómo los reguladores supervisan las industrias políticamente sensibles o emergentes.
La orden es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para establecer protecciones más claras para las compañías criptográficas que operan dentro del sistema financiero de los Estados Unidos.