Propuesta hace más de dos años, la ley reconoce las criptomonedas como activos virtuales en el país, estableciendo al Banco Central de Uruguay como regulador y supervisor de las empresas que buscan ofrecer servicios de criptomonedas. La ley posiciona a Uruguay a la vanguardia de los países latinoamericanos que ya han incluido las criptomonedas en sus marcos regulatorios.
Uruguay promulga ley de criptomonedas después de más de dos años de discusión
El presidente Luis Lacalle Pou firmó recientemente la Ley 20.345, un proyecto de ley que regula el uso de bitcoins y criptomonedas en el país. La ley coloca a Uruguay en un lugar privilegiado, ofreciendo claridad para las empresas que quieran brindar servicios relacionados con las criptomonedas.
El Banco Central del Uruguay supervisará a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y deberá emitir permisos para que este tipo de organizaciones operen. Estos permisos se emitirán teniendo en cuenta “la legalidad, la oportunidad y la conveniencia”. Asimismo, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) tendrá que identificar exchanges, wallets e incluso mineros que entren en la categoría VASP.
La ley modifica la actual regulación de control del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo los activos virtuales como objeto de control y supervisión para los actuales organismos encargados de su aplicación. Además, reforma la ley de valores para introducir el concepto de valores descentralizados, que son “emitidos, almacenados, transferidos y comercializados electrónicamente a través de tecnologías de contabilidad distribuida”.
La ley actual se inspiró en un marco propuesto por el Banco Central de Uruguay en 2021 producto de las investigaciones de la institución en el tema de las criptomonedas. La cámara baja del Congreso lo aprobó en diciembre de 2022 tras ser presentado en septiembre. No obstante, tuvo que sufrir una serie de modificaciones para ser aprobado y convertido en ley.
La aprobación de este proyecto coloca a Uruguay como uno de los pocos países que ha incluido a los proveedores de servicios de cripto y criptomonedas como parte de su marco regulatorio, siguiendo los pasos de Venezuela, Brasil, Argentina y El Salvador. Sin embargo, sólo este último ha establecido al bitcoin como moneda de curso legal.
